Mayo de 2026, provincia de Buenos Aires
DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO DE PUEBLOS FUMIGADOS, POR LA AGROECOLOGÍA Y EL BUEN VIVIR, DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El agronegocio nos saquea, contamina y enferma. ¡Por el reconocimiento de las enfermedades laborales! Hablan de “Modernización Laboral”, pero vienen por nuestros derechos.
En el marco del 1º de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, y a días de un fallo judicial que da vía libre a la reforma laboral esclavista impulsada por el gobierno de Milei, exigimos al Estado el reconocimiento de las enfermedades laborales de trabajadores/as de la educación originadas por la exposición a las fumigaciones con agrotóxicos y al consumo de agua con niveles de arsénico, agrotóxicos y metales pesados más elevados de lo permitido por normativa, en las instituciones educativas.
En la sesión de la Cámara de Diputados del pasado jueves 19 de febrero se quitó del proyecto de ley el Artículo 44, que establecía una reducción del salario para trabajadorxs bajo licencia por enfermedad o accidente. Aquello fue un intento de avance contra los pocos derechos que nos quedan como clase. Además, ya con la reforma laboral retrógrada aprobada, desde el gobierno plantearon públicamente que retomarán el contenido del artículo en cuestión.
Desde el EPF denunciábamos esta situación ya antes de este proceso de reforma regresiva. Ahora, ya con la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo consumada, con creciente resistencia para su implementación, redoblamos nuestra oposición a la misma y nuestra exigencia de reconocimiento del impacto negativo del agronegocio sobre nuestra salud, en el marco laboral.
Los casos de las compañeras maestras Ana Zabaloy en San Antonio de Areco (Pcia. Bs. As.), víctima de asesinato laboral por trabajar en condiciones insalubres en una escuela rural y a quien el Estado nunca le reconoció su enfermedad oncológica en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo y de Estela Lemes en Entre Ríos, quien presenta agrotóxicos en sangre y tuvo que judicializar su situación para que le reconozcan su enfermedad laboral, son ejemplos contundentes del impacto del agronegocio en la salud. Se suman argumentos a nuestro planteo con la reciente investigación y denuncia protagonizada por el sindicato AMSAFE Rosario del 2024 (en ese entonces con la conducción de la Lista Multicolor) que demostró que docentes y auxiliares de distintas escuelas presentaban daño génico por la presencia de agrotóxicos en su ambiente laboral.
Desde hace años se denuncia esta situación en las instituciones educativas, como lo indica el audiovisual que relata la audiencia pública llevada adelante en el Congreso Nacional en 2014, el cual compartimos seguidamente: https://www.youtube.com/watch?v=nl6MbJqo4dA. Y más acá en el tiempo, desde 2016, distintos colectivos comenzaron a realizar el Mapeo Colectivo de Escuelas Públicas Fumigadas de la provincia de Buenos Aires, donde se marca que gran parte de las instituciones educativas sufren el flagelo de la contaminación indiscriminada. Compartimos el Informe del mapeo de escuelas fumigadas de Luján:
A partir de este tipo de análisis se ha conseguido, por ejemplo, una distancia de protección de las escuelas rurales de 1000 metros en Marcos Paz mediante ordenanza municipal, fruto de la lucha de la comunidad organizada en el SUTEBA Marcos Paz, de conducción Multicolor, y La Multisectorial contra el Agronegocio – La 41.
Además del aire contaminado, el acceso al agua potable es un derecho fundamental de las personas, constituye un principio básico para la vida y es, a la vez, un compromiso ético y de solidaridad de la sociedad que cuenta con evidencia científica relevante e incuestionable. Los estudios que se realizaron hasta el presente por parte del Estado en las escuelas, se limitan a unos pocos parámetros físico-químicos, un análisis bacteriológico absolutamente insuficiente para revisar calidad del agua. No se registran agrotóxicos (Atrazina, 2, 4-D, Glifosato, Cipermetrina, Clorpirifós, Glufosinato de Amonio, Endosulfán, etc.), metales pesados (plomo, cromo, cadmio, manganeso, mercurio, etc.) ni metaloides como el arsénico.
Al respecto, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó los resultados presentados por distintas universidades y organismos estatales como el INTA Balcarce, cuyo archivo sumamos https://drive.google.com/file/d/1iQBXFxAnfxRSwl9cG6wsHm13MxaIbEkU/view?usp=drive_link los que evidencian que en muchas instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires el agua no es apta, al menos, por presencia de agrotóxicos y arsénico elevado.
Los modos de producción afectan crecientemente al suelo, el aire y el agua, poniendo en riesgo la salud de todos y todas. En nuestro país, innumerables instituciones educativas se encuentran expuestas a diversos contaminantes, como por ejemplo las fumigaciones tóxicas, desechos industriales, residuos muy peligrosos de extracción petrolera por intermedio de la fractura hidráulica o de la megaminería, basurales… Tandil, Pergamino, Lobos, General Pueyrredón, San Antonio de Areco, Marcos Paz, Exaltación de la Cruz y La Matanza son algunos de los casos estudiados. Asimismo, se ha encontrado glifosato en sangre de estudiantes y docentes en una escuela de Baradero. Un riesgo permanente, insuficientemente evaluado y no resuelto.
Como sabemos, la educación es obligatoria y la exposición a contaminantes y venenos en las escuelas es una clarísima violación a los derechos humanos y ambientales.
En líneas más abarcativas que el ámbito escolar, destacamos que la Constitución Nacional en su artículo 41, así como también el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, marcan el derecho a gozar de un ambiente sano, y que la Ley General del Ambiente 25.675 en su artículo 4 nos habla del Principio Precautorio, estableciendo que “cuando hay peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar las medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. Ni en lo general ni en lo particular se cumplen estos acuerdos sociales consagrados en distintas normativas, lo que expone constantemente a lxs trabajadorxs de la educación.
La Ley 14.226 de la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario 120/11, obliga a la conformación de Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (COMISASEP) con la participación de organizaciones sindicales del sector público, para impulsar políticas públicas vinculadas al mejoramiento de las condiciones de seguridad y ambiente de trabajo de lxs empleadxs del Poder Ejecutivo Provincial, atendiendo fundamentalmente las cuestiones referidas a la prevención y protección de la vida y la salud de todas las personas que se desempeñan en las dependencias públicas. En el ámbito de la educación, la Comisión Jurisdiccional Mixta (CJM) de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires está integrada representantes del Sistema Educativo Provincial y de los Sindicatos de lxs Trabajadorxs de la Educación, y se nutre de las recomendaciones de la COMISASEP.
La misma CJM elaboró la Recomendación N° 1/13 y su anexo 1, que toma el Acuerdo Paritario Nacional Docente (Decreto 992/11), expresando: “Agua corriente, potable y segura, sin ningún tipo de contaminación. Provisión permanente durante todo el horario escolar. Examen bacteriológico, físico y químico. Limpieza anual de tanques en época de receso escolar, y que los mismos sean de material no tóxico y en buen estado de conservación, que permita la reserva para toda la población escolar y personal docente y auxiliar.”
Claramente el Estado provincial debe garantizar el derecho al agua segura y potable en las escuelas como un derecho esencial, el derecho a la salud de jóvenes y adultos que habitamos estos espacios.
La presencia de agua contaminada es una clara violación a los derechos humanos y ambientales en general, y laborales en particular, y a toda la legislación vigente, claro está, por eso es necesario que se realicen estudios integrales de las mismas. Exigimos también que los estudios demandados sean realizados por laboratorios fiables, imparciales, exentos de intereses ilegítimos y que cuenten con la aprobación de las comunidades afectadas.
Por todo esto invitamos a los Sindicatos Docentes y de Auxiliares de la Educación se sumen a esta demanda, que entendemos deben ser acompañadas con medidas urgentes como la exigencia reconocimiento inmediato, y con carácter retroactivo, de las enfermedades laborales productos del agronegocio; la realización de análisis integrales del agua en todos los establecimientos educativos, donde se provea agua segura hasta tanto se demuestre su potabilidad, que se arbitren medidas de protección con aumento de distancias progresivas ante las fumigaciones de agrotóxicos, entre otras, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e higiene en cada escuela, en función de que se cumplan los derechos laborales básicos.
¡Por el reconocimiento de las enfermedades laborales! ¡Basta de precarización laboral!
¡El agronegocio enferma y mata! ¡La agroecología es el único camino productivo y social posible!
- ENCUENTRO DE PUEBLOS FUMIGADOS POR LA AGROECOLOGÍA Y EL BUEN VIVIR, DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- CAMPAÑA POR EL AGUA LIMPIA EN LAS ESCUELAS (CALE)
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